Negligencia médica en penal federal de Oaxaca derivó en la muerte de una persona privada de la libertad: CNDH
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Redacción
La deficiente atención médica y la omisión en el suministro de medicamentos en el Centro Federal de Reinserción Social No. 13 (CEFERESO No. 13), ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, derivaron en la muerte de una persona privada de la libertad, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la Recomendación 137/2025 dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con la investigación del organismo autónomo, la víctima padecía enfermedades crónicas como Parkinson, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, además de haber sufrido un derrame cerebral y presentar problemas respiratorios. A pesar de la gravedad de su estado de salud, no recibió atención médica ni farmacológica adecuada, lo que agravó su condición hasta provocar su fallecimiento.
La CNDH documentó que, desde diciembre de 2022, se alertó sobre la falta de suministro de medicamentos esenciales. Posteriormente, en enero y febrero de 2023, se presentaron quejas formales en las que se advertía que la persona se encontraba en estado delicado y requería atención especializada, particularmente en el área de neurología. Sin embargo, la valoración médica se retrasó de manera injustificada.
El organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida, al determinar que existió negligencia médica, omisiones graves en la atención clínica y una falta sistemática de medicamentos en el penal. Incluso, se constató que el centro penitenciario no contaba con recursos económicos para adquirir los fármacos necesarios, por lo que en algunas ocasiones la propia persona privada de la libertad tuvo que autorizar su compra con dinero enviado por familiares, mediante un proceso administrativo lento e ineficiente.
La investigación también evidenció que las autoridades penitenciarias no agotaron otras vías institucionales para garantizar el acceso a los medicamentos ni gestionaron apoyos con instituciones de salud externas, a pesar de que la vida del interno estaba en riesgo.
Ante estos hechos, la CNDH recomendó al OADPRS la reparación integral del daño a las víctimas indirectas, incluyendo atención psicológica y tanatológica, así como la implementación de medidas urgentes para garantizar atención médica oportuna y adecuada a las personas privadas de la libertad en el CEFERESO No. 13, en coordinación con instituciones públicas de salud del estado.
Asimismo, el organismo solicitó al IMSS y al OADPRS dar seguimiento a una denuncia administrativa contra al menos 10 personas servidoras públicas presuntamente responsables, además de establecer mesas de trabajo para corregir las fallas estructurales en la atención médica penitenciaria.
El caso vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de salud en los centros penitenciarios federales y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la vida y a la atención médica digna, incluso —y especialmente— para quienes se encuentran bajo su custodia.
