Salomón Jara presume que Oaxaca tienen 69 centros de apoyo a mujeres y protege a maestro acusado de pederastia
Servidoras públicas pidieron 50 mil pesos para llevar el caso y magistrada Alba Osorio Velasco liberó al maestro
La niña ha intentado el suicidio y las autoridades, sindicato y poder judicial protegen al maestro
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Mientras el gobernador Salomón Jara Cruz presume que Oaxaca es la tercera entidad con más Centros Libre para las Mujeres en todo el país, un maestro acusado de pederastia y acoso sexual contra al menos tres alumnas de la escuela secundaria “Jaime Torres Bodet” en Santo Domingo Tehuantepec, es protegido por su sindicato, las autoridades estatales y el poder judicial.
Pese a que en Oaxaca existen 69 “espacios para el empoderamiento, acompañamiento, seguridad y defensa de las mujeres”, en el caso de una niña que ha intentado hasta suicidarse existen omisiones, impunidad, presuntos actos de corrupción y un trato discriminatorio en el proceso de acceso a la justicia, denunció Yésica Sánchez Maya, integrante de la dirección colegida de Consorcio para el Diálogo y la Equidad.
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que la libertad del imputado Juan N. N., fue ordenada por la magistrada Alba Osorio Velasco, de la Octava Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Reconoció que el docente permanecía en prisión preventiva desde diciembre de 2025 al vinculado a proceso por denuncias de delitos sexuales presentadas por tres adolescentes, sin embargo, la magistrada Alba Osorio Velasco lo dejó libre al resolver una apelación presentada por la defensa del profesor.
Aunque el gobernador afirmó que, con una inversión de 46 millones 384 mil 835 pesos, desde su administración se impulsan estos espacios que buscan construir una sociedad con paz y justicia, en la que las mujeres no sufran violencia porque “la salvaguarda de los derechos de las mujeres es primordial y fundamental, ellas son el centro de nuestras políticas públicas”, la realidad es que desde su gobierno protegen a violentadores de mujeres, se quejó Consorcio Oaxaca.
Familiares de una víctima del maestro Juan denunciaron públicamente una serie de irregularidades, omisiones institucionales y actos de presunto maltrato por parte de autoridades relacionadas con la atención de su caso, situación que, aseguran, ha afectado el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas afectadas.
De acuerdo con el testimonio de los familiares, el pasado 22 de marzo acudieron al Campo Corona de Tehuantepec, lugar donde se encontraba de visita la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de visibilizar su situación y solicitar atención de las autoridades.
Sin embargo, durante ese encuentro, señalan que fueron abordados por el subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno de Oaxaca, Misael López Castro, quien les habría informado que serían atendidos posteriormente en Ciudad Administrativa para dar seguimiento a sus demandas.
De igual forma, relataron que el 23 de marzo sostuvieron una reunión con la Vicefiscal Regional, Claudia León Santos y la licenciada Ana Luisa García González en instalaciones del Ministerio Público de Santo Domingo Tehuantepec. En dicho encuentro expresaron su inconformidad por la falta de atención recibida previamente, señalando además haber sido objeto de un trato considerado por ellos como despectivo y discriminado.
También denunciaron a la licenciada Citlalli Cortés Villalobos, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CJUM) de Juchitán por actos de corrupción al pedirles dinero y canalizarlos con un psicólogo al cual le deben 47 mil pesos por la atención de su menor hija.
Se quejaron de que estas autoridades no permitieron que la menor de edad y otras posibles testigos rindieran declaración, bajo el argumento de que dichas testimoniales no eran necesarias para la investigación.
Según los denunciantes, durante semanas realizaron visitas constantes a la Fiscalía para solicitar información sobre el avance del expediente. Sin embargo, afirman que al llegar la fecha límite establecida por la autoridad judicial no existían avances sustanciales ni respuesta por parte del Ministerio Público.
Los padres de la menor exigen una investigación exhaustiva, transparencia en las actuaciones ministeriales y garantías de acceso efectivo a la justicia. También solicitaron que se abran investigaciones contra quienes han obstaculizada el acceso a la justicia y que les han revictimizado.
Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para revisar el caso, esclarecer las presuntas irregularidades señaladas y garantizar la protección de los derechos de las víctimas y sus familias.
Por otro lado, hicieron llamado al director de Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero a no solapar a agresores de niñeces dado que estos casos están sucediendo en los centros escolares y la medida que tomaron es cambiarlo de adscripción y es solo pone en riesgo a mas niñas y adolescentes.
Consorcio Oaxaca en representación de Elizabeth Mosqueda Rivera y Yésica Sánchez Maya exigieron la detención inmediata dicho profesor y que no se le brinde impunidad por su gremio sindical ni por el estado, toda vez que las niñas tienen derecho a vivir libres de violencia y estado esta obligado a garantizarlo y llevar a juicio a los agresores.
Finalmente, exigieron garantías para la familia por posibles actos de intimidación por la denuncia dado que una comandanta le llamo a la mamá de la estudiante para reclamarle sobre la conferencia que darían por el caso.
Los casos ocurrieron en abril de 2025 en la escuela secundaria “Jaime Torres Bodet” en Santo Domingo Tehuantepec y donde el señalado fue el profesor Juan donde lamentablemente se repiten patrones de victimización, de discriminación, hasta de racismo, corrupción y delitos contra la administración de la justicia.
En una conferencia de prensa, el padre de la niña manifestó que “nos vemos con la penosa necesidad de llegar hasta acá frente al Palacio de Gobierno porque la licenciada Citlalli Cortés Villalobos, adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (CJUM) de Juchitán, “me pidió 50 mil pesos para que pudiera tramitar un amparo para la víctima y seguir ella este proceso, pero pues nosotros dijimos que pues no teníamos ese dinero”.
Y como no hubo dinero, Citlalli le dio largar y largas al caso y “mi niña padece ansiedad y una depresión muy fuerte a tal grado que se ha intentado suicidar. Me eso me lo comentó la una psicóloga”.
“Urge una limpia por parte del fiscal Bernardo López Alamilla en la vicefiscalía de Tehuantepec porque su actuación deja mucho que desear, pero también por los actos de corrupción en la que incurren para hacer justicia”, puntualizaron.
También hicieron “un llamado al director del IEEPO, Emilio Montero para que ponga a disposición la información que lleven a la ubicación de a dónde cambiaron a este agresor sexual porque efectivamente ponen en riesgo a otras niñeces, a otras infancias y porque un cambio de adscripción no garantiza justicia”.
A la Secretaría de las Mujeres también le recriminaron por andar tomándose fotos en eventos públicos en la Ciudad de México y en Oaxaca su inacción pareciera complicidad.
Finalmente, Sánchez Maya envió el mensaje al gobernador Salomón Jara: “Si es que al gobierno le interesa en verdad mandar mensajes de no impunidad y de protección a niñeces, juventudes y adolescencias, debe de empezar los procedimientos de responsabilidad de funcionariados para que podamos ver qué tanto toma cartas en el asunto y que la Fiscalía finque responsabilidades a sus oficiales”.
Recordó el caso de Donato Vargas y “¿qué podemos esperar del acompañamiento que pueden hacer los delegados de paz cuando su cabeza realmente es un agresor, y eso decanta en el comportamiento justamente de estas estructuras de estado a servicio de la impunidad”.






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