Mamá de Saymi Pineda obstaculiza su candidatura a la gubernatura con iniciativa contra el movimiento magisterial
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En menos de 24 horas de que se dio a conocer, la legisladora de la 4T retiro su propuesta
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- La diputada de la Cuarta Transformación, María Eulalia Velasco Ramírez, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Oaxaca que obstaculiza las aspiraciones de su hija la secretaria de Turismo, Saymi Pineda Velasco, a la gubernatura de Oaxaca, al poner en su contra al movimiento magisterial.
Ante las duras críticas que recibió desde Palacio de Gobierno y en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), mismas que se evidenciaron en las redes sociales, la legisladora se vio obligada a retirar su iniciativa que proponía “la designación inmediata de personal docente sustituto, la habilitación de sedes extraordinarias de atención presencial en instalaciones cercanas o el desarrollo de estrategias académicas para evitar la pérdida del ciclo escolar”.
Aunque lo negó, la iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Oaxaca tenía dedicatoria a la Sección 22 que con su esquema de movilización-negociación- movilización realiza paros magisteriales de 24, 48 y 72 horas o como ocurrió reciente que mantuvo la suspensión indefinida de clases durante casi un mes, la diputada del Partido local de la Transformación Oaxaqueña que es satélite de Morena, reculó con el argumento de que “hay una mala interpretación”.
La legisladora que ha sido exhibida en las redes sociales durmiendo y de tener una curul como cuota de la secretaria de Turismo que aspira a ser la candidata a la gubernatura en 2028, presentó su iniciativa con el objetivo de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de educación.
En un comunicado fechado el 29 de junio, el congreso de Oaxaca informó que la diputada María Eulalia Velasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Transformación Oaxaqueña de la LXVI Legislatura, presentó una iniciativa para adicionar un tercer párrafo al artículo 14 y el artículo 18 Bis a la Ley de Educación para el Estado.
En esa iniciativa establece legalmente que el “Gobierno del Estado garantice la continuidad del servicio educativo, implementando mecanismos de respuesta inmediata ante cualquier suspensión o interrupción de las actividades docentes”.
Menciona que el objetivo central de la reforma es salvaguardar el derecho a la educación bajo el principio del interés superior de la niñez, facultando a “la Autoridad Educativa Estatal a adoptar medidas administrativas, académicas y extraordinarias si el servicio se ve afectado por cualquier circunstancia”.
La iniciativa contempla que, cuando la suspensión de clases derive de la ausencia injustificada del personal docente o de la negativa a desempeñar sus funciones, y existan condiciones garantizadas por las autoridades competentes, municipales o la comunidad escolar, el Estado deba intervenir de forma expedita.
“Entre las acciones autorizadas se incluye la designación inmediata de personal docente sustituto, la habilitación de sedes extraordinarias de atención presencial en instalaciones cercanas o el desarrollo de estrategias académicas para evitar la pérdida del ciclo escolar”, puntualizó.
El documento mandataba expresamente que, en comunidades rurales, indígenas o zonas con acceso limitado a las tecnologías de la información, la “Autoridad Educativa deberá privilegiar siempre la modalidad presencial, asegurando que ninguna brecha digital detenga el aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes”.
Velasco Ramírez remató que “garantizar el derecho a la educación implica no solo asegurar el acceso al sistema educativo, sino también garantizar que el servicio educativo se preste de manera continua y de forma efectiva”.
El Proyecto de Decreto fue presentado el 17 de marzo del año en curso en Sesión Ordinaria y fue turnado para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, sin embargo, apenas se dio a conocer, en menos de 24 horas, la legisladora envió un comunicado con el “compromiso de actuar con transparencia y evitar malas interpretaciones”.
La propuesta tenía la finalidad de “abrir un cauce legal de atención para casos concretos en los que se interrumpiera la prestación del servicio educativo, sin dirigir señalamientos ni atribuir responsabilidades a un actor determinado”.
Sin embargo, para evitar cualquier confusión o una mala interpretación quiero informar que en su momento tomé la determinación y solicité formalmente a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que dicha iniciativa sea retirada del proceso legislativo”.
Mientras que su hija e integrante del Gabinete del gobernador Salomón Jara Cruz no emitió ningún pronunciamiento, solo se dedicó a promover el mes de la Guelaguetza que inició este 1 de julio.
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