Con desarticulación de “Los Rusos” y la ASAEO se esclarecieron 12 crímenes de alto impacto: Fiscalía
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La Fiscalía reconoce que la ASAEO dejo de operar como organismo gremial para constituirse en fachada del Cártel de la Costa liderado por “El Bogar”
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Con la desarticulación de estructuras criminales como “Los Rusos” en la región de la Costa y de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), la cual dejó de operar como organismo gremial para constituirse como una fachada corporativa al servicio del crimen organizado y del Cártel de la Costa liderado por “El Bogar”, se esclarecieron al menos 12 crímenes de alto impacto.
Así lo informó el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien afirmó que en Oaxaca ninguna organización, grupo criminal, sindicato o asociación puede colocarse por encima de la ley.
Con la detención de “El 07” y la muerte del “El 09” o “El Gordo”, así como su jefe de escoltas, alias “Arracadas”, se desarticulo la célula delictiva conocida como “Los Rusos”, pero además se esclarecieron la triple ejecución en San Pedro Amuzgos.
Y dos homicidios de alto impacto: el de la regidora de Parques y Jardines de Cacahuatepec, Guadalupe Urban Ceballos, ocurrido el 6 de noviembre de 2025, y el del expresidente municipal de San Juan Cacahuatepec, Pedro Martínez Barroso, asesinado el pasado 13 de julio al interior de un negocio de su propiedad.
Mientras que con la detención de “El Micky” o “086”, identificado como operador clave en Valles Centrales, y “El Contador”, señalado como jefe de plaza en Ocotlán de Morelos, permitió establecer vínculos entre la cúpula de la ASAEO y el Cartel de la Costa bajo el mando de “El Bogar”, se logró establecer participación en al menos tres homicidios de alto impacto.
Los magnicidios en los cuales han participado son: el atentado contra el líder del CIT, Marco Sánchez, ocurrido en noviembre de 2024 en la colonia Reforma que dejó seis personas sin vida y escoltadas de seguridad; así como la ejecución del dirigente de la CTM, Caleb Rodríguez Ortega, perpetrado en enero de 2025 sobre avenida Universidad, y el ataque armado registrado en abril de 2026 donde fue ejecutado el dirigente de transportistas de la Confederación Joven de México, Iván Tomás Luis Villaseca y dos de sus escoltas.
De acuerdo con la investigación presentada por el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, la organización sindical ASAEO, que originalmente tenía presencia en el control de transporte de taxis, mototaxis, pipas y volteos en más de 90 municipios de los Valles Centrales, habría evolucionado hacia actividades delictivas.
La Fiscalía de Oaxaca documentó su posible participación en narcomenudeo, despojo de terrenos —incluidas 37 hectáreas intervenidas en San Pablo Etla—, extorsión y cobro de piso en zonas como Pueblo Nuevo, Viguera y la Central de Abastos, además de actividades relacionadas con el sicariato.
Con base en trabajos de inteligencia, el 27 de agosto ejecutaron 14 órdenes de cateo simultáneamente en la capital y la zona metropolitana, con la participación de más de 300 elementos de grupos especiales trasladados desde distintas partes del país. La operación se realizó entre las 2:00 y las 6:00 horas, sin que se registrara un solo disparo.
Entre las personas detenidas se encuentra quien se desempeñaba como secretaria de Transporte de la organización, así como una regidora del municipio de San Antonio de la Cal, señalada como presunto brazo operativo en esa demarcación.
Durante los cateos aseguraron tres fusiles AR-15 y AK-47, armas cortas, chalecos balísticos, libretas de contabilidad, básculas, tabuladores de droga y equipos de telefonía celular, elementos que serán incorporados a las investigaciones correspondientes.
Rodríguez Alamilla destacó que el resultado de estas acciones fue posible gracias a una operación articulada entre instituciones estatales y federales, cuya información fue manejada bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar su efectividad.
El Fiscal de Oaxaca reconoció la coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el C5 y la Policía Estatal.
Insistió en que “no debemos acostumbrarnos a que alguien cobre por permitir trabajar. No debemos aceptar que una organización decida quién entra o sale de un territorio. No vamos a permitir que las amenazas sustituyan a las instituciones”, sostuvo Rodríguez Alamilla.
Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda que la ley no tiene excepciones por el origen, posición o pertenencia de quienes la infringen. El combate a las estructuras criminales continuará mediante inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, hasta llevar ante la justicia a quienes pretendan utilizar la violencia, la intimidación o cualquier estructura organizada para desafiar al Estado.
Las indagatorias ministeriales revelaron que detrás de esta red de violencia se encontraba la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), la cual dejó de operar como organismo gremial para constituirse como una fachada corporativa al servicio del crimen organizado y del Cártel de la Costa. Este despliegue permitió desarticular su estructura financiera y sicarial mediante cateos simultáneos y la captura de sus principales líderes, aunque aún se encuentran pendientes de ejecución otras órdenes de aprehensión.
Detalló que E.C.M. alias “El Panda”, era el líder de ASAEO en la zona sur de la ciudad y tenía control en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán y la villa de Zaachila donde era el principal generador de violencia y junto con sus familiares y agremiados se dedicaban al cobro de piso, extorsión y prestamos de gota a gota.
Mientras que O.A.S.R. alias “El Cangrejo” era el líder de ASAEO en la zona norte de la capital y controlaba Santa Rosa, La Esmeralda, Pueblo Nuevo y Viguera; en tanto el H.MB., es quien organizaba a los cobradores de su alianza y J.C.S. alias “El Gordo” es el mas cercano al “Oaxaco” y la familia Ríos Suárez, quienes realizan actividades de protección en venta de drogas y tráfico de armas; H.A.G.Q., se dedicaba al halconeo en Pueblo Nuevo y tirador de droga en la zona; J.A.G.F. su función principal es encargarse de la seguridad de los líderes principales de la organización, recientemente de Sharon Italia; y O.A.G.A, dedicado al halconeo y tirador de droga.
Rodríguez Alamilla manifestó que “cada espacio que el Estado abandona, tarde o temprano, alguien más intenta ocuparlo”.
Destacó que en dos acciones permitieron neutralizar a integrantes de la célula conocida como “Los Rusos” y desarticular la cúpula operativa del sindicato ASAEO, organización señalada por su evolución hacia actividades delictivas como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, despojo y sicariato.
Aclaro que el Estado reconoce plenamente el derecho legítimo de las organizaciones sindicales y sociales a manifestarse y defender los intereses de sus integrantes; sin embargo, advirtió que ese derecho no puede utilizarse como cobertura para cometer delitos.
“Cuando una autoridad tolera pequeñas transgresiones, esas transgresiones terminan convirtiéndose en las nuevas reglas de facto. Ese punto no lo vamos a permitir en Oaxaca”, puntualizó.
Y advirtió que “de manera coordinada con la Federación habrá nuevas intervenciones, no solamente respecto a este grupo, sino en contra de cualquiera que altere la paz de nuestro estado y genere actos delictivos en contra de la población”.
La célula delictiva conocida como “Los Rusos” mantiene presencia en al menos 15 municipios de Guerrero y había extendido sus actividades hacia municipios oaxaqueños colindantes, incluida la zona de Putla, donde se le atribuye la ejecución de tres personas ocurrida dos semanas antes en la región de Amuzgos.
Entre los delitos documentados se encuentran narcomenudeo, secuestro, portación ilegal de armas, homicidio doloso y trasiego de droga.
Mientras que la organización sindical ASAEO, que originalmente tenía presencia en el control de transporte de taxis, mototaxis, pipas y volteos en más de 90 municipios de los Valles Centrales, habría evolucionado hacia actividades delictivas como el narcomenudeo, despojo de terrenos —incluidas 37 hectáreas intervenidas en San Pablo Etla—, extorsión y cobro de piso en zonas como Pueblo Nuevo, Viguera y la Central de Abastos, además de actividades relacionadas con el sicariato.
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