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Redacción
Oaxaca de Juárez, Oax.- La presencia de elementos de la Policía Estatal preguntando por un periodista en la entrada de un evento del gremio abrió una nueva interrogante sobre las condiciones en que se ejerce la libertad de expresión en Oaxaca.
Los hechos ocurrieron el sábado 19 de septiembre, durante la conmemoración del primer aniversario del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), en inmediaciones de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola. En esos momentos, el gremio rendida homenaje póstumo a Francisco Alejandro Leyva Aguilar y realizado un bloqueo parcial sobre la carretera Cristóbal Colón para exigir el esclarecimiento de su asesinato. Al evento privado asistieron, además, familiares de periodistas y al menos cinco comunicadores incorporados al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros integrantes del gremio que han enfrentado encarcelamiento y persecución por su ejercicio periodístico en el estado.
Lo que relató el vocero del SINMCO
Según Diego Martínez, vocero del sindicato, un oficial se acercó primero a una persona ajena al SINMCO que estaba afuera del inmueble, y después a él directamente, pidiéndole localizar a Ernesto Rojas Ayuzo “para que firmara lo del apoyo que se brindó hoy”. El agente sostenía un documento cuyo contenido Martínez no pudo verificar, y dio a entender que se trataba de algún tipo de apoyo o asistencia de seguridad prestado durante la protesta de esa jornada. Martínez sostiene que en los videos difundidos en redes sociales no se identifica participación de la Policía Estatal en lugar.
Ante la duda, Martínez preguntó al secretario general del SINMCO, Froylán Méndez Ferrer, si Rojas Ayuzo había sido invitado. La respuesta fue negativa. Otros asistentes confirmaron por separado que los policías también preguntaban por su paradero.
Por sí sola, la presencia de policías preguntando por una persona no acredita una operación de vigilancia. Pero tratándose de un periodista que ya había denunciado amenazas y hostigamiento, una actuación sin explicación clara adquiere una dimensión distinta. La pregunta central no es solo qué hacían ahí los agentes, sino quién ordenó localizar específicamente a Rojas Ayuzo, qué debía firmar y cómo supieron que podría estar en ese lugar.
“Conocen mi domicilio”
Dos días después, Méndez Ferrer logró comunicarse con Rojas Ayuzo, quien calificó el episodio como una posible acción de hostigamiento e intimidación. El periodista precisó que sus medidas cautelares las otorga la Policía Municipal, no la Estatal, y que de existir alguna notificación pendiente, la autoridad conoce su domicilio y dispone de otros medios para hacérsela llegar sin necesidad de buscarlo en una reunión privada del gremio.
Este no es un antecedente aislado. El 2 de septiembre, EDUCA Oaxaca reportó que Rojas Ayuzo había acudido ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) al conocer que la Secretaría de Gobierno había solicitado a la Fiscalía estatal información sobre posibles denuncias suyas contra el gobernador Salomón Jara Cruz y el secretario Jesús Romero López, así como sobre sus medidas de protección vigentes. Frente a ese antecedente, cualquier acercamiento policial fuera de los procedimientos habituales exige un nivel mayor de transparencia por parte del Estado.
¿Protección o vigilancia?
Para Méndez Ferrer, si Rojas Ayuzo no estaba invitado, no había informado que acudiría y no existía razón aparente para buscarlo ahí, cabe preguntar qué hacían los policías en la entrada del evento: si vigilaban quién entraba y quién salía. Se trata, hasta ahora, de una sospecha y no de un hecho acreditado, pero es una sospecha que la autoridad puede y debe despejar.
El caso Leyva, telón de fondo
El episodio ocurrió dos meses después del asesinato de Alejandro Leyva Aguilar, el 22 de julio en San Pablo Etla. Antes de morir, Leyva había señalado públicamente al gobernador Jara Cruz, al secretario Romero López y al consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero como responsables en caso de sufrir una agresión, señalamiento que no acredita responsabilidad en el homicidio, y que Romero López ha negado, mientras Jara Cruz expresó su disposición a comparecer ante la Fiscalía General de la República si es requerido. El caso sigue sin resolverse: el 19 de septiembre, la familia de Leyva denunció que, casi dos meses después del crimen, no conocía resultados concretos de la investigación. La propia titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, afirmó en agosto que tanto la Fiscalía estatal como el Mecanismo federal de Protección no habían atendido adecuadamente las solicitudes de protección de Leyva antes de que lo mataran.
La intimidación no siempre llega con un arma
La violencia contra la prensa no comienza necesariamente con una agresión física. También puede manifestarse mediante amenazas, seguimientos, vigilancia, exposición de información personal, interrogatorios injustificados, presión institucional u hostigamiento administrativo. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha documentado precisamente ese tipo de patrones: vigilancia, criminalización, discursos estigmatizantes, en l estado de Oaxaca, más allá de los homicidios.
Cuando un periodista empieza a preguntarse quién lo observa, quién conoce sus movimientos o por qué una corporación aparece donde no la esperaba, el ejercicio periodístico comienza a desarrollarse bajo presión. Y eso, en un estado donde al menos cinco comunicadores del propio evento ya están bajo el Mecanismo de Protección y otros han enfrentado cárcel y persecución por su labor, no es un detalle menor: es la evidencia de un gremio que ejerce su oficio en condiciones de riesgo constante, mientras espera que la autoridad aclare, con hechos y no con explicaciones administrativas, qué buscaba realmente ese sábado en Santa Rosa Panzacola.
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