Comunidad zapoteca exige entrega de 2.8 millones de pesos desviados por el presidente de Macuiltianguis
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Si hay simulación mantendrán bloqueo carretero Oaxaca-Tuxtepec
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- La comunidad indígena zapoteca de San Juan Luvina cumplió tres días de movilización pacífica ante el desvío arbitrario de más de 2.8 millones de pesos de los Ramos 33, al tiempo que exige una mesa de diálogo sin condiciones y con capacidad de resolución para la entrega de sus recursos municipales.
Los inconformes denunciaron el uso de actas falsas para despojar a la agencia de sus fondos legítimos por parte del Ayuntamiento de San Pablo Macuiltianguis presidido por Jorge Mauro García Ruiz.
El conflicto legal por el amparo llegó a los Tribunales Colegiados donde exigen juzgar con perspectiva intercultural e indígena.
En un comunicado, la comunidad indígena de San Juan Luvina que realiza un bloqueo carretero de forma intermitente o parcial en la carretera Oaxaca-Tuxtepec con la advertencia de que si hay una solución justa y resolutiva iniciaran un bloqueo total y por tiempo indefinido, exige la entrega inmediata y sin simulaciones de los recursos municipales de los Ramos 28 y 33 (Fondos III y IV).
Denunciaron que estos fondos fueron desviados de manera unilateral y arbitraria por el presidente municipal de San Pablo Macuiltianguis, Mauro García Ruiz, atentando contra el desarrollo y los derechos de la comunidad de San Juan Luvina.
Detallaron que “la autoridad de la cabecera municipal basó su decisión en una certificación falsa emitida por la Secretaría Municipal sobre hechos inexistentes. Con este documento ilegal, se convocó de manera exprés al Consejo de Desarrollo Municipal para que, en menos de 72 horas, rescindiera el contrato y cancelara la obra pública de San Juan Luvina”. Explicaron que los recursos revocados ilegalmente ascienden a $2, 273, 059. 58 (del Fondo III) y $548, 823. 53 (del Fondo IV).
“Este presupuesto corresponde legítimamente al 54.43% de la población de la Agencia Municipal porcentaje ya reconocido y dictaminado a nuestro favor por la Sala Unitaria Especializada en Controversias Administrativas entre Municipios y sus Agencias el pasado 11 de mayo de 2026, fondos que ahora pretenden reasignar a obras en la cabecera municipal”.
Reunidos en Asamblea Comunitaria, los habitantes de San Juan Luvina ratificaron que mantendrán una postura de diálogo abierto, respetuoso y con plena disposición a la paz. Sin embargo, exigen que este proceso sea recíproco, sin condicionamientos y bajo un marco de absoluta igualdad jurídica y política para lograr acuerdos duraderos.
La asignación y administración directa de sus recursos no es una concesión, un favor o un privilegio de la cabecera municipal; es un derecho constitucional que faculta a las comunidades originarias a administrar su propio presupuesto y les otorga el derecho a participar activamente en el diseño de los ingresos y egresos municipales, un ejercicio de justicia elemental del cual han sido excluidos sistemáticamente en su municipio.
Por ello, la Asamblea Comunitaria externa su confianza en que la reunión convocada para el día de hoy por el gobierno del estado de Oaxaca tenga como único fin encontrar una solución verdadera y vinculante a sus legítimas demandas, y no se convierta en una mesa de simulación.
Reiteraron el sobreseimiento del amparo de ninguna manera significa que la justicia le haya dado la razón al municipio de San Pablo Macuiltianguis.
Dicha resolución se debió a una interpretación limitada e incompleta del Juez Ulises Cuauhtémoc Reyes, Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca porque el juzgador omitió el análisis obligatorio desde una perspectiva intercultural, razonando de manera restrictiva que las Agencias Municipales no pueden promover juicios de amparo por ser supuestas autoridades supraordinadas.
Con esto, explicaron, “ignoró que las agencias acudimos bajo una doble personalidad: en calidad de Agente Municipal y como representantes legales y legítimos de la comunidad indígena”.
Entonces, “actualmente, el expediente ya se encuentra radicado en el Tribunal Colegiado para revisar la limitada determinación del juez a la luz de la nueva reforma constitucional”. Confían en que, debido a su trascendencia, el caso sea atraído y remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que su resolución establecerá un precedente histórico y un nuevo criterio que oriente a los juzgadores federales del país cuando los pueblos indígenas reclamen sus derechos presupuestales.
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