Autoridades agrarias y judiciales entrampan al Estado Mexicano; ahora tiene que pagar 6mmdp
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Aunado a ello tanto la procuraduría agraria como el poder Judicial despojaron a Tilzapote de 300 hectáreas
La magistrada que falló en contra de la comunidad Adriana Alejandro Ramos León ahora hace campaña para ser electa magistrada
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Una red de complicidades entre autoridades agrarias y del Poder Judicial Federal no solo consumó la exclusión de 300 hectáreas a los habitantes de la comunidad de Tilzapote sino que ahora el Juez Primero de Distrito en confabulación con el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa fallaron en contra del Estado Mexicano al imponerle una sentencia a pagar por mas de seis mil millones de pesos.
En un hecho inédito, el 28 de enero de 2025, el Juez Primero de Distrito emitió una resolución donde obliga al Estado Mexicano al pago de mas de seis mil millones de pesos a favor de unos particulares que no tienen derecho alguno sobre la superficie que reclamaron ser de su propiedad.
Ahora, la magistrada Adriana Alejandra Ramos León realiza campaña para ser electa magistrada cuando su actuación fue en contra del Estado Mexicano y la comunidad de Tilzapote.
Las autoridades del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec denunciaron que desde el año 2011, un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon para cometer un fraude procesal en perjuicio de su núcleo agrario con la complicidad de los abogados de la Procuraduría Agraria en el Estado, así como de quien fuera Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado.
Según consta en el expediente número 414/2014, pese a todas estas irregularidades obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal del núcleo agrario de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla, del estado de Oaxaca.
Luego con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos, cuando estos no tienen derecho alguno sobre la superficie que reclamaron ser de su propiedad.
Por este hecho, la comunidad interpuso un recurso de queja, el cual está pendiente de trámite y resolución por el Colegiado correspondiente, del cual se desconfía su proceder, ya que sus resoluciones han sido infundadas, contradictorias, parciales, y con un claro interés en el asunto en favor de los particulares para la procedencia del pago, el cual, de realizarse, será en pleno detrimento del Estado Mexicano.
Por lo que informaron que “solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción del presente asunto, para su conocimiento y resolución por ser el mismo de suma importancia y trascendencia, y para que sea esta quien analice todas las irregularidades y violaciones procesales realizadas por las propias autoridades, reestableciendo de esta forma el Estado de derecho y la justicia”
Consideran que de pagar el Estado Mexicano se dejará de aplicar ese recurso económico en diversos programas sociales como seguridad, educación, salud, entre otros, de ahí la importancia y trascendencia de él presente asunto.
En la superficie excluida de la comunidad incluyen terrenos donde ya existen dos escuelas, una casa de representación y una casa de salud, ubicados en el núcleo rural de Tilzapote, municipio de Santa María Tonameca, que podrían ser demolidos por la sentencia del Tribunal Agrario emitida en mayo de 2016, a favor de dos particulares.
La disputa de tierras entre los comuneros y los particulares Pedro Ramírez Araiza y Domitila Guzmán Olivera, inició en 2011, y en 2016 los tribunales agrarios dictaron sentencia en favor de los supuestos dueños, quienes aseguran que tienen documentos legales que avalan el asentamiento del núcleo rural desde hace más de 70 años en esa región de la costa oaxaqueña.
Los supuestos propietarios del área presentaron un juicio agrario y de forma inusitada se les otorgó –en sólo dos años– una sentencia de exclusión para toda la comunidad que habita esa zona desde hace más de 70 años y que cuenta con escuelas públicas, centro de salud y una capilla.
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