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Las líneas de investigación apuntan a células delictivas que operan en Veracruz. Los restos fueron localizados la madrugada del pasado 24 de abril
Se realizaron 26 operativos de búsqueda; 11 cateos, se ejecutaron 4 ordenes de aprehensión y el jefe de la banda Artemio García Torres fue abatido en un enfrentamiento
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- A seis meses y 16 días de su desaparición fueron localizados los cuerpos de la activista Ayuujk Sandra Estefana Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández en un rancho de la localidad Unión Progreso Tatahuicapa, del municipio de Santiago Sochiapan, Veracruz, confirmó el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla.
Y reiteró que la Fiscalía de Oaxaca sostiene que las líneas de investigación apuntan a que fueron integrantes de células delictivas que operan en el estado de Veracruz, principalmente, las responsables de la desaparición y ejecución de las víctimas.
De acuerdo a la causa penal 39/2025, los cuerpos de la activista y su esposo fueron localizados en dos fosas alrededor de las 02:00 horas del pasado 24 de abril un rancho ubicado en camino de terracería, sin nombre, que conduce de la Ceiba a Unión Progreso, de Santiago Sochiapan, Veracruz.
Las hermanas de Sandra Domínguez realizaron la identificación estableciendo que se trata del cuerpo de un hombre y una mujer con vestimenta obscura, el cuerpo del hombre presenta tatuajes que coinciden con los tatuajes de la víctima Alexander Hernández Hernández.
Cabe recordar que Sandra y Alexander que fueron reportadas como desaparecidas el 8 de octubre de 2024 en la localidad de María Lombardo de Caso, del municipio de San Juan Cotzocón, Oaxaca.
La fiscalía destacó que como resultado de los trabajos de inteligencia criminal que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con diferentes instituciones estatales y federales, fue posible la localización sin vida de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández Hernández, reportados como desaparecidos el 8 de octubre de 2024.
Para ello se realizaron 26 búsquedas, de las cuales 15 fueron en territorio de Oaxaca y 11 en Veracruz, se realizaron 11 cateos, se ejecutaron 4 órdenes de aprehensión, fueron detenidas dos personas y uno mas (Artemio García Torres) fue abatido durante un enfrentamiento.
La fiscalía resaltó que luego del hallazgo, se llevaron a cabo las pruebas periciales de diferentes materias y especialidades que permiten confirmar y tener certeza sobre la identidad de las víctimas.
Detallaron que las diferentes acciones de investigación se han realizado en conjunto entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que ha llevado a cabo las labores de campo, así como de inteligencia, en estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a través de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), el Centro Nacional de Inteligencia, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Veracruz, Policía Estatal de Oaxaca y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.
Precisó que la localización de las víctimas ocurrió este 24 de abril de 2025, cuando se desplegó un operativo para dar cumplimiento a una orden de cateo en un inmueble ubicado en el camino de terracería que conduce de La Ceiba a Unión Progreso, en Santiago Sochiapan, dentro del estado de Veracruz.
En el lugar hallaron dos fosas donde se encontraban los cuerpos sin vida de las víctimas, cuyos restos fueron trasladados al Instituto de Servicios Periciales para practicar los estudios científicos que nos permitieron establecer la identidad de las personas localizadas, confirmando que se trata de Sandra Estefana Domínguez Martínez y Alexander Hernández Hernández.
Las investigaciones han derivado en acciones concretas como los operativos realizados en Oaxaca, principalmente en la región de la Cuenca del Papaloapan, así como en el estado de Veracruz, donde hemos tenido los hallazgos más importantes dentro del proceso de procuración de justicia.
El primero de ellos al encontrar la camioneta de las víctimas, que estaba abandonada en la localidad de Playa Vicente, en Veracruz, mientras que, el 17 de octubre de 2024, aseguraron el teléfono de Sandra Domínguez, localizado en la comunidad de El Nigromante, también en territorio veracruzano, por lo que fortalecieron los trabajos ministeriales en los sitios aledaños.
Por ello, implementaron diversos operativos de campo, como el cumplimiento de órdenes de cateo en diferentes propiedades y ranchos de la zona antes mencionada, siendo el 29 de enero de 2025, uno de los más relevantes, en el rancho “El Capricho”, a un costado de la carretera federal 147, en el tramo Palomares Tuxtepec, en la comunidad de Nazareno, Sochiapan, en Veracruz.
El objetivo de este despliegue, era dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de uno de los probables responsables de la desaparición de las dos víctimas, un hombre identificado Artemio García Torres, propietario del rancho “El Capricho”, quien fue abatido durante el despliegue, pues los elementos de seguridad que participaron fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al repeler dicha agresión, perdieron la vida: tanto el imputado, así como dos de sus acompañantes, identificados como C.R.V. y A.G.M., mientras que un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal perdió la vida en el cumplimiento de su deber.
En el lugar aseguraron las armas utilizadas por los agresores, entre las que emplearon diferentes calibres, como rifles de asalto AR-15 así como AK-47 o cuerno de chivo.
Fue resultado de este último operativo que se obtuvo la información que condujo a la delimitación de los polígonos de búsqueda gracias a lo cual establecimos que las víctimas estarían en el lugar en el que, finalmente, fueron encontradas en el operativo realizado el pasado 24 de abril de 2025.
Los avances en el caso permiten establecer sólidas directrices para seguir una ruta bien definida sobre los siguientes pasos en la investigación ministerial que sigue en curso, para saber si hay más personas responsables por la comisión de este delito, con el objetivo que las víctimas directas e indirectas, tengan garantías que tendrán pleno acceso a la justicia
Sandra defendió casos de violencia de genero
Es preciso aclarar que la defensora ayuujk, de 38 años de edad, denunció la existencia de chats en los que funcionarios del gobierno de Oaxaca y federales compartían fotografías sexuales de mujeres indígenas. Entre los involucrados se encuentra el coordinador de delegados de la Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez, protegido por el gobierno de Salomón Jara Cruz.
Domínguez hizo denuncias, en 2020 y 2023, contra Vargas Jiménez por violencia de género.
De igual forma, Sandra defendió casos como el de Zayra Leticia Morales Loyola, de 29 años de edad, quien fue vista por última vez el viernes 23 de octubre 2020 en Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León.
Otro caso que defendió fue el de Fany Guadalupe López Nolasco, indígena mixe de 13 años, del pueblo El Porvenir en San Juan Cotzocón, quien conoció a Alexis Trujillo, 11 años mayor, y se convirtió en su pareja sentimental. Allí comenzó una cadena de violencias que tres años después terminaron con su muerte.
Ésta fue presentada como suicidio, pero ante las dudas se investiga como un homicidio por razón de género, es decir como feminicidio. “Fany Guadalupe no se suicidó, la mataron”, sostiene Dora Anabel Hernández Bautista, tía de Fany Guadalupe, quien tenía 16 años al morir, el 26 de septiembre pasado.
Hay dos sospechosos: Alexis Trujillo Varela, su pareja sentimental que actualmente tiene 27 años, y el agente municipal de El Porvenir, Isaac Hernández Guillén, máxima autoridad de la localidad y quien fue denunciado por la adolescente de acosarla sexualmente.
Otro caso es el de Pijy, de 24 años y originaria de San Juan Mazatlán Mixe a quien le suplantaron la identidad para perdonar una violación sexual de la que fue víctima cuando tenía 15 años de edad.
La joven se enteró cuando su agresor Plácido (N) llegó a su casa y se burló frente a su mamá diciéndole que ya nadie lo iba a encarcelar, pues todos los cargos judiciales bajo la causa penal 210/2013 en su contra ya habían desaparecido, lo cual es una mentira.
A Pijy le suplantaron la identidad con una credencial de elector falsa donde la novia de su agresor se había hecho pasar por ella, para conceder el sobreseimiento del juicio, que significa que los cargos en contra de su agresor quedaban sin efecto.
Aunque Salomón Jara defendió a su colaborador Donato Vargas Jiménez y simulo que fue separado de su cargo durante 15 días, siempre quedo la sospecha que descalificó las denuncias de la familia.
Es hasta hora que el gobernador sale a decir que su gobierno emana de un movimiento social que siempre va a acompañar todas las causas que reivindiquen de manera legítima el bienestar colectivo: “Nuestro gobierno nunca va a reprimir, desaparecer o torturar a nadie”.
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