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Más de 2,444 millones de pesos en contratos del DIF Oaxaca han ido a parar, entre 2023 y 2025, a Comercializadora Ingeborg y Don Cacahuato, empresas vinculadas al mismo grupo empresarial con antecedentes de señalamientos en otros estados por sobreprecios, irregularidades y despensas fantasma
Miguel Ángel Maya Alonso/EL PÁJARO VAQUERO
Entre contratos millonarios, vínculos empresariales opacos y antecedentes de irregularidades en otros estados, dos empresas, Comercializadora Ingeborg S.A. de C.V. y Comercializadora Don Cacahuato S. de R.L. de C.V., concentran más de 2 mil 444 millones de pesos en adjudicaciones del Sistema DIF de Oaxaca entre 2023, 2024 y 2025, en el marco de programas de asistencia alimentaria.
Según licitaciones públicas, en 2023 Don Cacahuato recibió 788.3 millones de pesos; en 2024, ambas empresas compartieron contratos por 767.9 millones adicionales, mientras que Ingeborg obtuvo de manera individual 888.6 millones de pesos en 2025. Estos montos se destinaron a la “adquisición de productos alimenticios con reparto incluido” para las ocho regiones del estado.
De negocio local a conglomerado favorito de la 4T en Oaxaca
Comercializadora Ingeborg, fundada en Oaxaca en 2011 por Christel Ingeborg Garrido Wiese y Christel Ingeborg Giesela Wiese Ramírez, cambió de manos en 2013 y luego en 2023. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, el control pasó al Grupo Cimarrón Holding y a Proyectos Grupo Cimarrón, con sede en Chihuahua y encabezados por Teodoro Octavio Martínez Ruiz. Este empresario también figura como representante legal de Don Cacahuato, lo que vincula directamente a ambas compañías.
Las propietarias originales figuraban en la nómina del Gobierno de Oaxaca con sueldos de 16 mil 257 y 24 mil 509 pesos mensuales, respectivamente.
Contratos y antecedentes polémicos
Don Cacahuato y sus empresas vinculadas han sido señaladas en varios estados por sobreprecios, presuntas irregularidades en licitaciones y deficiencias en los productos entregados.
En Zacatecas, legisladores acusaron a la empresa de recibir 192 millones de pesos en adjudicaciones del DIF, pese a antecedentes de corrupción vinculados al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés.
En Nuevo León, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto daño al erario por 5.5 millones de pesos en la entrega de despensas fantasmas, además de contratos por mil 400 millones otorgados por el gobierno de Samuel García.
En ambos casos, diputados locales cuestionaron la falta de proveedores estatales beneficiados y denunciaron un patrón de adjudicaciones a Don Cacahuato por encima de opciones más económicas.
El silencio del gobernador Salomón Jara
Pese a que los contratos millonarios del DIF Oaxaca han beneficiado a empresas con antecedentes cuestionados, el gobernador Salomón Jara Cruz ha guardado silencio sobre las adjudicaciones. Su administración, que se autodefine como un gobierno de “austeridad” y “combate a la corrupción”, ha permitido que un mismo grupo empresarial concentre más de 2 mil 444 millones de pesos en apenas dos años.
El silencio del mandatario y la falta de transparencia en el desglose de precios, proveedores y procesos de verificación contrastan con el discurso oficial de un gobierno que asegura “poner primero al pueblo” pero que, en la práctica, ha replicado los mismos esquemas de concentración de contratos que caracterizaron a administraciones anteriores.
La estructura empresarial
La red incluye al menos 14 empresas bajo el paraguas de Grupo Cimarrón, dedicadas a giros que van desde alimentos hasta artículos de oficina. Entre ellas destacan Cimarrón Nuts, Cimarrón Industrial y Cimarrón Chocolates, que funcionan como proveedoras internas para Don Cacahuato.
En Oaxaca, el cambio de control de Ingeborg se formalizó con la transmisión del 98% de las acciones a Grupo Cimarrón Holding y el 2% a Proyectos Grupo Cimarrón. Desde entonces, el administrador único es Teodoro Octavio Martínez Ruiz y el gerente de operaciones, Gilberto Alemán Luna.
Un patrón nacional
La presencia de estas empresas en contratos millonarios del DIF en distintas entidades y con antecedentes de sanciones o investigaciones —incluyendo congelamiento de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y observaciones de la ASF— revela un patrón que trasciende gobiernos y partidos.
En Oaxaca, el monto acumulado en dos años convierte a este caso en uno de los contratos de asistencia alimentaria más cuantiosos en la historia reciente del estado, con un común denominador: la complacencia del gobierno de Salomón Jara Cruz frente a un modelo que, lejos de romper con el pasado, lo reproduce con nuevos beneficiarios.
