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ESTADO 20
Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de enero de 2025.- El activista mixe Joaquín Galván calificó como irresponsables y con una abierta intencionalidad dolosa las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Oaxaca, luego de asegurar que la desaparición de un grupo de jóvenes originarios de la capital fue por «temas de drogas».
Para el activista, estás declaraciones son «criminalizantes» y no solo deben condensarse, sino investigarse porque establece narrativas que pueden desvirtuar el acceso a la verdad.
Recordó que jurídicamente está prohibido que los funcionarios públicos emitan declaraciones «criminalizantes» en las que se responsabilice a las víctimas de su propia desaparición.
Joaquín Galván dijo que las declaraciones que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Iván García Álvarez son irresponsables o con una abierta intencionalidad dolosa al realizar declaraciones de especulación estigmatización o criminalización contra las víctimas de desaparición forzada.
“Recientemente fue denunciada por medios públicos la desaparición de 14 jóvenes oaxaqueños en la costa del estado de Oaxaca, ante ello, los comunicados oficiales emitidos por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Iván García Álvarez hasta el día de hoy, ha girado en torno a manifestar que las víctimas contaban con antecedentes penales o que el caso está vinculado con ‘temas de drogas’”.
Joaquín Galván recordó que lo mismo ocurrió con la desaparición de Sandra Domínguez Martínez, el pasado 4 de octubre, cuando la postura del gobierno de Oaxaca a través del secretario de Gobierno Jesús Romero López, “fue la de canalizar todos sus esfuerzos mediáticos en restar la calidad de víctima de la defensora arguyendo como responsable de su desaparición a su pareja (también desaparecido) por vínculos con grupos delictivos”.
Abundó que estas posturas institucionales ante el fenómeno de desaparición forzada en Oaxaca que ha cobrado notoriedad en estos últimos meses tienen un solo fin: atentar contra la dignidad humana de las personas desaparecidas, restándoles su calidad de víctima, «criminalizándolas» para que de esa forma se reduzca la presión social contra las instituciones.
Indicó que las autoridades responsables de dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada no solo deben abstenerse de criminalizar a las víctimas sino que jurídicamente está prohibido que los funcionarios públicos emitan declaraciones criminalizantes que responsabilice a las víctimas de su propia desaparición.
“Para tratar el tema de desaparición forzada existen distintos marcos jurídicos que deben acatarse y que están siendo violados flagrantemente como lo es la Ley General de Desaparición Forzada y la Ley General de Víctimas en su artículo 5 donde se expresa:
“Las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como responsable de los hechos que denuncie, ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva, a estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deben evitarse”.
Joaquín Galván, quien ha acompañado diversos casos de desaparición en la entidad, expuso que la irresponsabilidad o la abierta intencionalidad dolosa de los funcionarios del gobierno oaxaqueña al realizar declaraciones de especulación, estigmatización o criminalización contra las víctimas de desaparición forzada no solo debe condenarse, sino investigarse.
“Porque establece narrativas que pueden desvirtuar el acceso a la verdad, encubriendo la negligencia o inoperancia de las instituciones ante la desaparición forzada o protegiendo directamente a figuras de poder involucradas y sobre todo poniendo en riesgo a las familias de las y los desaparecidos, atentando contra uno de los derechos elementales de las víctimas: el derecho a ser buscado”.
