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Redacción
La mañana de este jueves fue asesinada Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, en la región de la Costa de Oaxaca.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando la funcionaria municipal, de 47 años de edad, salía de su vivienda en la comunidad de San Antonio Ocotlán, donde fue interceptada por personas armadas que le dispararon y huyeron del lugar.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que abrió una carpeta de investigación bajo el Protocolo de Feminicidio, y que personal ministerial y pericial se trasladó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias. Hasta el momento no hay personas detenidas ni se ha establecido el móvil del crimen.
Guadalupe Urban era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y asumió el cargo de regidora en enero de 2025, dentro del actual cabildo encabezado por la presidenta municipal Martha Baños Tapia, para el periodo 2025–2027. Su labor se centraba en el mantenimiento de parques y espacios públicos del municipio.
El ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el asesinato y calificó el hecho como “una grave afrenta a las instituciones y a los valores que rigen a la sociedad”. En un comunicado, la presidenta municipal expresó:
“No podemos permitir que la violencia pretenda silenciar la voz de quienes trabajan por el bienestar común. Este cobarde acto no debe quedar impune.”
El cabildo exigió a las autoridades una investigación inmediata, seria y con resultados, mientras que el Partido Verde Ecologista de México expresó su solidaridad con la familia de la regidora y demandó justicia.
El asesinato de Guadalupe Urban se suma a una serie de hechos violentos registrados en la entidad. Apenas el lunes pasado, fue ultimado Israel Ramírez Peralta, agente municipal de San Marcos Zacatepec, comunidad chatina perteneciente a Santa Catarina Juquila, crimen que hasta ahora también permanece impune.
Organizaciones sociales y actores políticos han reiterado la necesidad de fortalecer la seguridad pública y los mecanismos de protección a funcionarios y líderes comunitarios en Oaxaca, donde la violencia política y de género mantiene un patrón preocupante.
