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Pedro MATÍAS
La Fiscalía indaga nueve centros de rehabilitación que habrían sido utilizados para captar personas con adicciones e incorporarlas a una red de cobro de piso, préstamos “gota a gota” y otras actividades ilícitas.
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Lo que debía ser un espacio para atender las adicciones se encuentra ahora bajo investigación por presuntos vínculos con una red de extorsión en Oaxaca.
La Fiscalía General del Estado (FGEO) intervino nueve anexos y centros de rehabilitación que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, habrían sido utilizados para reclutar personas y asignarles tareas de vigilancia, cobro de préstamos y amenazas contra comerciantes y transportistas.
El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la estructura investigada habría obtenido ingresos ilícitos estimados en aproximadamente 20 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, cobro de piso y préstamos usureros conocidos como “gota a gota”.
Durante una conferencia de prensa, explicó que las indagatorias permitieron identificar presuntos vínculos entre responsables de centros de internamiento, financiadores de préstamos y personas dedicadas a intimidar a distintos sectores de la población.
De la rehabilitación a las presuntas actividades ilícitas
Según las líneas de investigación, algunos centros habrían funcionado como espacios de captación de personas en situación de vulnerabilidad. Hombres y mujeres jóvenes que ingresaban para recibir tratamiento contra las adicciones presuntamente eran incorporados a las actividades operativas de la organización.
Entre las tareas que les habrían asignado se encontraba el cobro de cuotas a comerciantes establecidos, locatarios, vendedores ambulantes y transportistas. Entre los sectores afectados figuran taxistas que trabajan en las inmediaciones de la Central de Abasto de Oaxaca.
Otros presuntamente eran utilizados como halcones: vigilaban determinadas zonas, reportaban los movimientos de comerciantes y grupos rivales, y alertaban sobre la presencia de corporaciones policiales.
Las investigaciones también apuntan a que algunas personas internadas habrían sido obligadas a recuperar préstamos otorgados a pequeños comerciantes mediante el esquema “gota a gota”. Los cobros presuntamente se realizaban mediante amenazas e intimidación, con el respaldo de la estructura investigada.
Rodríguez Alamilla señaló que los responsables de algunos centros de rehabilitación presuntamente otorgaban préstamos de entre 20 mil y 50 mil pesos a pequeños comerciantes y posteriormente exigían su devolución mediante mecanismos coercitivos.
Nueve anexos intervenidos
Como parte de las investigaciones para desarticular la presunta red que operaba bajo la fachada de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), la Fiscalía identificó e intervino nueve anexos y centros de rehabilitación.
El 2 de septiembre de 2026 fue intervenido el establecimiento Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre identificado como “Padrino Paye”.
Posteriormente, el 8 de octubre, las autoridades ejecutaron ocho cateos adicionales en establecimientos ubicados en distintas zonas de la capital oaxaqueña, con lo que sumaron nueve centros intervenidos dentro de esta línea de investigación.
Durante las diligencias realizadas en dos anexos situados sobre la avenida Montoya, en San Martín Mexicapam, fueron localizadas sustancias con características de estupefacientes, cuya naturaleza deberá determinarse mediante los análisis periciales correspondientes.
La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer el posible uso de estos establecimientos en actividades delictivas, identificar a otros participantes y determinar las responsabilidades individuales.
Un grupo de WhatsApp, pieza clave de las indagatorias
Entre los elementos obtenidos por los investigadores se encuentra un grupo de WhatsApp integrado por 94 personas. De acuerdo con el fiscal, el análisis de sus integrantes y comunicaciones permitió identificar presuntos vínculos entre padrinos de anexos, líderes de zona y personas encargadas de realizar los cobros.
La estructura investigada habría operado mediante distintos niveles jerárquicos: una cúpula encargada de emitir instrucciones; mandos intermedios integrados por padrinos, coordinadores y responsables de zona; y células operativas conformadas por cobradores, vigilantes y otros participantes.
Esta división de funciones presuntamente permitía coordinar la vigilancia territorial, la recuperación de préstamos y el cobro de cuotas a distintos sectores económicos.
Una red con presencia en los Valles Centrales
Las indagatorias han permitido identificar presuntas zonas de operación en Oaxaca de Juárez, particularmente en el Centro Histórico, la Central de Abasto, Pueblo Nuevo, Viguera, Santa Rosa Panzacola, San Martín Mexicapam, San Juan Chapultepec y Cinco Señores.
Las investigaciones también abarcan posibles actividades en Santa Cruz Xoxocotlán, San Pablo Etla, Villa de Etla, Soledad Etla, Guadalupe Hidalgo, Tlalixtac de Cabrera, San Antonio de la Cal, Cuilápam de Guerrero, Villa de Zaachila, San Pedro Ixtlahuaca y Villa de Mitla.
Entre los sectores presuntamente afectados se encuentran comerciantes establecidos, locatarios, vendedores ambulantes y transportistas, quienes habrían sido objeto de cobros ilegales y mecanismos de intimidación.
La Fiscalía busca establecer el alcance territorial de la estructura, determinar cómo se relacionaban sus presuntos integrantes e identificar a otras personas que pudieran estar involucradas.
“Seguimos trabajando. A partir de las intervenciones que se realizan surge nueva información y eso nos permite avanzar en las investigaciones”, señaló Rodríguez Alamilla al explicar que los hallazgos obtenidos durante los cateos han permitido ampliar las líneas de investigación.
Buscan frenar la extorsión y el cobro de piso
El fiscal destacó que las acciones se han desarrollado mediante la coordinación de autoridades estatales y federales, con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, en colaboración con las áreas de investigación de la FGEO.
Rodríguez Alamilla sostuvo que el objetivo de la estrategia no se limita a detener a los presuntos integrantes de la organización, sino que también busca reducir la violencia, disminuir los homicidios, combatir la extorsión y el cobro de piso, y recuperar los espacios públicos para que comerciantes, transportistas, empresarios y familias puedan desarrollar sus actividades sin miedo
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