Después de una cadena de corrupción entre autoridades agrarias y poder judicial, SCJN atrae caso de despojo de 300 has de Tilzapote
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De confirmarse fallo del Poder Judicial, el Estado mexicano tendría que pagar 6 mmdp a particulares
Pedro Matías
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- A 15 años de que se inició el despojo de mas de 300 hectáreas al núcleo agrario de Tilzapote cometido por particulares y a 19 meses de que el Poder Judicial Federal emitió una sentencia que podría representar un perjuicio al Estado mexicano por mas de seis mil millones de pesos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, situación que representa una esperanza en San Francisco Cozoaltepec para no perder sus tierras comunales.
Las autoridades agrarias de San Francisco Cozoaltepec consideran que esta decisión de la Suprema Corte representa una esperanza para obtener justicia y no perder sus tierras donde se encuentra asentada la comunidad de Tilzapote que cuenta con dos escuelas, una casa de representación y una casa de salud, mismas que podrían ser demolidas por la sentencia del Tribunal Agrario, emitida en mayo de 2016.
Resaltaron que, con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito, en el expediente de amparo número 1226/2017, así como de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa, los particulares Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, obtuvieron una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria de mayo de 2026, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos.
Según consta en el expediente número 414/2014, pese a todas estas irregularidades obtuvieron una sentencia sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno de San Francisco Cozoaltepec, municipio de Santa María Tonameca, Distrito de Pochutla.
Por este hecho, la comunidad interpuso un recurso de queja, el cual está pendiente de trámite y resolución e informaron que solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, porque los habitantes desconfían de su proceder, al que han calificado de parcial.
Después de un año y medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de despojo cometido por particulares de más de 300 hectáreas, situadas a orilla de playa en la localidad de Tilzapote.
Las autoridades refieren que “confiamos en esta nueva Suprema Corte para hacer efectivo el acceso a la justicia y el estado constitucional del derecho, nace la esperanza que esta Corte en verdad haga justicia a los más desprotegidos como lo es nuestra comunidad agraria”.
Su confianza radica en que “el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, es oaxaqueño, pero sobre todo que esta nueva Suprema Corte fue constituida y creada para hacer justicia a los más desprotegidos como son las comunidades indígenas”.
Recordaron que desde el año 2011 un grupo de personas, mediante hechos y documentos falsos, se confabularon con abogados de la Procuraduría Agraria de ese tiempo, quienes simularon defender a la comunidad para cometer el fraude en perjuicio de la comunidad.
En un primer momento, en mayo de 2016, Pedro Martínez Araiza y Domitilia Guzmán Olivera, obtuvieron una sentencia agraria sobre la procedencia de la acción agraria de exclusión de aproximadamente 300 hectáreas de terreno comunal; es decir, se desincorporaron de la propiedad de la comunidad.
En esa ocasión se hizo con la complicidad del entonces Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 en el Estado, en el expediente número 414/2014.
Posteriormente, con la complicidad y corrupción del Juez Primero de Distrito en el Estado, en el expediente de amparo número 1226/2017, y de los Magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, obtuvieron también esos particulares, una resolución a su favor en el incidente de cumplimiento sustituto por la inejecución de la sentencia agraria, por la cantidad de más de seis mil millones de pesos.
La autoridad agraria de San Francisco Cozoaltepec consideró esta sentencia como injusta e ilegal y por eso, explicó, la comunidad interpuso el recurso de queja con la cual se formó el expediente número 511/2025, del índice del Primer Colegiado en materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito.
Sin embargo, ante la falta de parcialidad de los juzgadores en favor de los particulares, también promovió la acción de atracción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera ésta quien conociera y resolviera la queja planteada.
Y es que es “un asunto de suma importancia y trascendencia jurídica, ya que de confirmar la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito, además de perder en forma definitiva las 300 hectáreas de tierra de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, se le causará un perjuicio al erario del Estado Mexicano, consistente en pagar más de seis mil millones de pesos a favor de Pedro Martínez y Domitila Guzmán”.
Por lo pronto, dijeron que el caso fue atendido por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ejerció la facultad de atracción bajo el número de expediente 506/2025, y posteriormente se turna para su conocimiento y resolución, a la ministra Loretta Ortiz.
Finalmente, confían en que esta nueva corte “por fin se haga justicia a nuestra comunidad agraria denominada San Francisco Cozoaltepec, por las evidentes y claras violaciones al derecho de defensa, así como múltiples violaciones procesales en todos y cada uno de los juicios instaurados en nuestra contra”.
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