Morena autoriza parque eólico en el Istmo y los pueblos siguen con apagones y tarifas impagables
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Como los del PRIAN, el gobierno de la 4T favorece al capital extranjero para el saqueo de los recursos nacionales
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (quepasapedro).- Como en los tiempos del PRIAN, Morena autorizó el Parque Eólico IGU promovido por la empresa de energías renovables Atlantica Sustainable Infrastructure, proyecto que contempla la instalación de 17 aerogeneradores en 645 hectáreas en los municipios de Juchitán de Zaragoza y Santa María Xadani, en el Istmo de Tehuantepec.
La empresa con sede en Londres, Inglaterra resultó favorecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual autorizó de manera condicionada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Parque Eólico IGU, que se suma a la nueva ola de proyectos energéticos en el Istmo que han sido impulsados por la implementación del Corredor Interoceánico.
Una investigación realizada por GeoComunes, colectivo que acompaña a las organizaciones de base rurales y urbanas en la lucha por la defensa territorial y en el fortalecimiento de su autodeterminación, resaltó que con “este panorama, vemos que la lógica sigue siendo la misma que acompañó la implementación de los parques eólicos en las décadas anteriores”.
Esto significa que “el gobierno pone condiciones para favorecer la inversión del capital privado en megaproyectos que aprovechan y despojan bienes comunes para producir mercancías, ya sea energéticas o industriales, destinadas a ser exportadas hacia otras partes del mundo”.
“Es decir, se busca garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufren un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad, a pesar de la alta producción energética del territorio, con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz”, puntualizó.
De acuerdo con el análisis de GeoComunes, la resolución mantiene interrogantes sobre el acceso a información relacionada con los impactos sociales y ambientales del proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), ya que la Ley del Sector Eléctrico establece que la Secretaría de Energía debe poner estos documentos a disposición del público y que la solicitud de autorización debe incluir una versión pública de la manifestación, sin embargo, no existe una plataforma pública equivalente a la utilizada por Semarnat para consultar las MIA durante su proceso de evaluación, situación que, a su juicio, limita la participación de las comunidades potencialmente afectadas.
Detalló que el proyecto ocuparía una superficie de 645 hectáreas: 451 en Juchitán y 194 en Santa María Xadani, razón por la cuál requiere la licencia de uso de suelo por parte de ambas autoridades municipales.
Aunado a que el proyecto se encuentra dentro de los límites agrarios de los bienes comunales de Juchitán y sus cinco anexos: Santa María Xadani, El Espinal, La Ventosa, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro.
Otro punto de preocupación son las dimensiones de la infraestructura, ya que el proyecto contempla aerogeneradores de 119 metros de altura, con un área barrida por las palas de 162 metros y una capacidad de 6.5 megawatts cada uno, para una capacidad total prevista de 100 MW. El colectivo sostiene que se trata de dimensiones mayores a las de los aerogeneradores instalados anteriormente en la región.
Cabe señalar que, por ahora, no existen precedentes de aerogeneradores de esta dimensión en la región. Y es que los 30 parques que actualmente operan tienen aerogeneradores considerablemente más pequeños, con alturas promedio entre 60 y 80 metros, y con capacidad individual de entre 1.5 y 3 MW.
Tampoco hay estudios sobre los impactos acumativos y regionales sobre los flujos subterráneos de agua, provocados por las excavaciones y las cantidades de hormigón (mezcla de cemento, arena, grava y agua) necesarias para sostener cada aerogenerador en una región que ya concentra más de mil 500 aerogeneradores operando.
Entre las condicionantes ambientales se incluyen la elaboración de un estudio hidrológico previo al inicio de las obras y un programa para conservar los escurrimientos superficiales, garantizar la continuidad de los flujos y favorecer la recarga natural del acuífero. Para GeoComunes, estos requisitos hacen necesario que la información sobre posibles modificaciones de los flujos de agua sea accesible a las poblaciones que dependen de ellos.
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