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Miguel Ángel Maya Alonso
“La seguridad es una prioridad…”, aseguró el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, el pasado 12 de enero de 2026. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad distinta: la violencia no baja, se mantiene y crece.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros dos meses de 2026 se registraron 122 homicidios dolosos en Oaxaca, lo que equivale a poco más de dos asesinatos diarios.
En el mismo periodo de 2025, se contabilizaron 111 carpetas de investigación por este delito, lo que representa un incremento de 11 casos, es decir, cerca del 10% más en un año.
Pero el problema no se limita a los homicidios. En el arranque de 2026, Oaxaca acumuló 4 mil 392 delitos en apenas dos meses, lo que confirma que la incidencia delictiva se mantiene en niveles altos.
Los delitos patrimoniales, como robo, fraude y extorsión, concentraron más de mil 407 casos, siendo el rubro con mayor incidencia. A esto se suman los delitos contra la familia, principalmente violencia familiar, uno de los indicadores más constantes en el estado.
En cuanto a los delitos contra la vida y la integridad corporal, se registraron 730 casos, lo que refleja un entorno donde la violencia sigue presente no solo en su forma más extrema, sino también en agresiones cotidianas.
Aunque algunos delitos muestran ligeras variaciones a la baja, el comportamiento general revela una constante: la violencia no está siendo contenida, solo se está redistribuyendo.
El contexto agrava el panorama. Oaxaca enfrenta conflictos agrarios, disputas territoriales, presencia del crimen organizado en regiones estratégicas y tensiones sociales que alimentan la violencia.
Así, mientras desde el gobierno se insiste en una narrativa de paz y bienestar, las cifras oficiales dibujan otra realidad: la seguridad sigue siendo una deuda pendiente.
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